La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) anunció este miércoles la deshabilitación de 6.398 tarjetas B-Sisa que presentaban irregularidades en su utilización, como parte de un trabajo de fiscalización orientado a frenar el desvío de combustibles y mejorar el control del diésel en todo el país. La medida, según la institución, permitirá frenar pérdidas millonarias para el Estado.
Tarjetas con observaciones y fuerte impacto económico
La directora ejecutiva de la ANH, Margot Ayala, explicó en una conferencia de prensa que estas tarjetas habían sido otorgadas durante gestiones anteriores sin un seguimiento adecuado. Su uso indebido representaba un consumo mensual equivalente a 4,5 millones de litros de diésel, lo que generaba un gasto estatal cercano a los 50 millones de bolivianos cada mes.
“Procedimos a inhabilitar 6.398 tarjetas que, al ser revisadas, mostraron inconsistencias graves. Cada una significaba un volumen elevado de diésel que terminaba generando un perjuicio muy grande para el país”, señaló Ayala.
29.610 tarjetas entregadas desde 2015 y fallas en el control
De acuerdo con la autoridad, desde 2015 se distribuyeron 29.610 tarjetas B-Sisa destinadas principalmente a productores del sector agropecuario, quienes requieren autorización especial para adquirir y trasladar diésel para sus actividades.
Sin embargo, Ayala explicó que en los últimos años la asignación se habría realizado sin filtros suficientes. La falta de seguimiento permitió que personas o grupos se beneficiaran de cupos que no correspondían, lo que motivó una revisión integral del sistema.
Rangos de consumo y supervisión insuficiente
Las tarjetas B-Sisa regulan consumos que oscilan entre 121 y 1.200 litros, bajo la supervisión de la Dirección de Sustancias Controladas y del Ministerio de Desarrollo Rural. Durante el proceso de auditoría iniciado por la actual gestión, se identificaron numerosos casos en los que los volúmenes no coincidían con la actividad registrada o con la capacidad real de producción de los beneficiarios.
Ayala aseguró que esta revisión era necesaria, ya que durante la última década el control fue débil y muchas de las irregularidades solo salieron a la luz por denuncias realizadas por el propio sector.
Promesa de no afectar a los consumidores legítimos
La directora de la ANH remarcó que la depuración continuará en las próximas semanas y que la institución garantizará el abastecimiento para quienes realmente necesitan el combustible. “Nadie que haga un uso correcto de su tarjeta tendrá problemas. Lo que buscamos es eliminar prácticas de desvío y abuso”, afirmó.
Actualización del sistema y detección de irregularidades graves
Ayala también adelantó que se trabaja en una modernización del B-Sisa para incorporar mecanismos de control más estrictos. En el proceso de verificación se detectaron incluso “cooperativas inexistentes” que, según la autoridad, retiraban combustible directamente de plantas de YPFB sin justificación.
Estos hallazgos serán remitidos a las instancias responsables para iniciar procesos de investigación y sanción. “Necesitamos que todas las instituciones involucradas se sumen al esfuerzo de controlar un recurso tan estratégico como el combustible”, añadió.
Contexto: contrabando y desvío de combustible en aumento
El desvío y la comercialización ilegal de combustibles se han convertido en uno de los mayores desafíos para garantizar el abastecimiento interno. Desde el año pasado, la ANH intensificó operativos y controles, lo que derivó en la detención de vehículos, restricciones temporales para la carga y hasta el cierre de estaciones de servicio vinculadas a actividades irregulares. (Los Tiempos)


